Funcionarios ultracongelados
La cuestión no es si el sueldo actual que cobran los funcionarios es justo o no, ni interesa revisar a cuánto sube la pérdida de su poder adquisitivo en los últimos años; tampoco interesa aclarar si la sentencia que obliga al Gobierno a pagarles unos atrasos se ajusta a una realidad objetiva. Basta fijarse en las fechas en las que los políticos de cualquier color y condición (desde diputados de Madrid a concejales de pueblitos) deciden, en un plisplas, aumentarse sus retribuciones por encima del IPC previsto para los próximos cincuenta años: siempre al principio de la legislatura.
Frescos todavía los resultados electorales, y con varios años por delante durante los cuales se confía en el poder amnésico del paso del tiempo, los políticos estrenan aumento de suelto con su llegada al cargo.
El Tribunal de turno ha hecho pública su sentencia en un momento poco favorable para una nómina que el Gobierno de turno les depositó en el congelador durante varios años, porque todavía falta un buen trecho para que los padres de la patria salgan a la calle a pedir la limosna del voto. Por esto, el Ministro de turno se explaya sobre los defectos de forma de una sentencia que muestra contradicciones jurídicas: en realidad, cuando pone en marcha un recurso de estos que se mueren de aburrimiento paseándose de Sala en Sala lo que de verdad explica en rueda de prensa es que ha consultado el calendario electoral, y que estos dos o tres millones de funcionarios pueden quedar ahora más que congelados porque, durante una larga temporada, las urnas no los resucitarán, se van a limitar a trabajar.
Y ni siquiera esto. La cuestión no es si los funcionarios trabajan o no, o si cobran lo que corresponde o no, sino cuándo van a votar.
Artículo publicado hace unos años en el diario Ultima Hora







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